PRESUNTOS CRIMINALES
Una situación que tuvo su origen en el impago del alquiler ha permitido conocer, a partir de documentos y testimonios que se adjuntan de forma accesoria, la existencia de hechos que podrían interpretarse como presuntas irregularidades en el sector del alquiler y la reforma de viviendas.
Soy propietario de un piso en Madrid, arrendado a través de la plataforma Spotahome desde diciembre de 2023. Inicialmente, la relación contractual se desarrolló sin contratiempos, pero posteriormente se produjo el impago por parte de los inquilinos –cuyas identificaciones se limitan a Iván Yaser Moreno Kharraz y Andrea Alejandra Miranda Lincon –, quienes se comprometieron a dejar el inmueble y entregar las llaves el 28 de febrero, situación que no se materializó. Ante ello, la plataforma no aportó información adicional sobre los criterios de selección ni sobre la situación económica de dichos inquilinos.
Las evidencias en mi poder sugieren que los inquilinos, que contaban con ingresos declarados en torno a 4.000 €/mes, decidieron cesar con el pago del alquiler, probablemente aprovechando la ausencia de mecanismos que verifiquen de manera exhaustiva sus condiciones económicas y de vulnerabilidad.
Posteriormente, en marzo de 2025, mientras me encontraba de viaje por motivos laborales, fui notificado por vecinos sobre la realización de obras en mi propiedad. A mi retorno, constaté la presencia de nuevos ocupantes en el inmueble. Según declaraciones de los propios ocupantes, quienes aportaron documentos y testimonios de conversaciones, afirmaron haber vivido en un piso de protección social gestionado por Solvia y haber recibido notificaciones –según su versión– de la supuesta venta de dicho inmueble, lo que les obligó a abandonar la vivienda.
Asimismo, estos mismos testimonios indican que, al negarse a abandonar el piso, habrían recibido ciertas intimidaciones por parte de una persona identificada con el seudónimo “Dani”. De acuerdo con la información recabada, este se asociaría al nombre de Dragan Danut, a quien se atribuye la dirección de la empresa Passaro Preto SL (CIF: B16858706) y de la agencia inmobiliaria Refor, con sede en Plaza Castilla 16, 28922, Alcorcón. Según los testimonios disponibles, se alega que dicho individuo y otras personas habrían adoptado la apariencia de representantes de Solvia con el fin de persuadir a los ocupantes a abandonar el inmueble, gestionando posteriormente la realización de una reforma en el mismo sin autorización.